El Gobierno ha decidido suprimir el despido automático como consecuencia de la incapacidad permanente. Ahora, un trabajador solo podrá ser despedido si lo desea voluntariamente o si mantenerlo en la empresa resulta en un «coste excesivo».
El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros y próximo a ser discutido en las Cortes, busca eliminar la discriminación contra los trabajadores con discapacidad. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, explicó que la norma obliga a las empresas a adaptar los puestos de trabajo a las necesidades de estos empleados.
La legislación modifica el artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, eliminando la referencia a la extinción automática del contrato por incapacidad. Esta extinción solo se permitirá si adaptar el puesto genera un coste excesivo para la empresa, teniendo en cuenta ayudas públicas disponibles.
Los empleados tendrán un mes para decidir si desean continuar trabajando, y las empresas contarán con tres meses para realizar las adaptaciones necesarias o, si no es posible, proceder con el despido. Durante este periodo, los trabajadores seguirán recibiendo el subsidio de incapacidad temporal.
